Software de código abierto en el Estado: políticas públicas y compras de TIC

Qué opciones tiene el sector público chileno frente al código abierto

Software de código abierto en el Estado: políticas públicas y compras de TIC

Cuando un organismo público chileno decide qué software usar, no solo compra una licencia. En los hechos, define si depende de un proveedor único, si sus sistemas quedan interoperables con el resto del Estado, y si esa tecnología puede reutilizarse en otros servicios públicos. El código abierto lleva más de una década siendo parte de esa conversación en las políticas públicas de todo el mundo, y Chile no es la excepción.

El código abierto en el Estado también se rige por la Ley 17.336

No existe en Chile un régimen especial de propiedad intelectual para el software desarrollado o adoptado por organismos públicos: se aplica la misma Ley 17.336 que protege cualquier programa computacional como obra literaria desde su creación (art. 3° N° 16). Esto tiene una consecuencia relevante para la administración pública. Cuando un servicio público desarrolla software internamente o mediante un tercero, sigue siendo titular de derechos de autor sobre ese código. Puede entonces decidir libremente si lo licencia bajo un esquema propietario, lo libera bajo una licencia FOSS, o lo mantiene disponible para otras instituciones del Estado y para la ciudadanía.

Esa decisión de licenciamiento —igual que en el sector privado— determina qué puede hacer un tercero con ese software: usarlo, estudiarlo, modificarlo o redistribuirlo. → Si necesitas repasar cómo funcionan las licencias FOSS y sus categorías, revisa nuestro artículo sobre licencias open source: GPL, MIT, BSD y copyleft explicados para empresas.

Qué dice el Módulo 4 del DL-511 sobre políticas públicas de código abierto

El Módulo 4 del curso DL-511 “Concesión de licencias de programas informáticos, incluidos los programas de código abierto” está dictado por la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Analiza las opciones de política pública que distintos gobiernos han adoptado en las últimas décadas para ampliar el acceso al código abierto, identificando tres enfoques principales que pueden coexistir según el tipo de proyecto:

• Adopción obligatoria: exigir el uso de soluciones FOSS en la adquisición o financiamiento de TIC por parte de organismos públicos, salvo que se demuestre que una solución de propiedad es claramente superior.
• Preferencia explícita: optar por una solución de código abierto cuando exista un producto propietario comparable en prestaciones.
• Recomendación mediante normas técnicas abiertas: fomentar el uso de FOSS aportando estándares, mejores prácticas y modelos de contratos de adquisición, sin imponer su uso de forma obligatoria.

Estas políticas suelen incluir además la exigencia de conformidad con normas abiertas en todos los contratos de adquisición tecnológica, para evitar la dependencia de un único proveedor. También es habitual la creación de centros de competencia que capacitan a funcionarios públicos y desarrollan documentación, mejores prácticas y modelos de contratos para proyectos de código abierto.

Compras públicas de TIC en Chile: el marco de la Ley 19.886

En Chile, la adquisición de bienes y servicios por parte de organismos públicos —incluyendo software, licencias y desarrollo de sistemas— se rige por la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Este proceso se canaliza principalmente a través de la plataforma Mercado Público (ChileCompra). La ley no establece una preferencia general por soluciones de código abierto ni las excluye: cada organismo evalúa su adquisición según criterios técnicos, económicos y de continuidad del servicio, dejando espacio tanto para soluciones propietarias como para soluciones FOSS.

A diferencia de países que han adoptado políticas de amplio alcance —Sudáfrica, Reino Unido o Ecuador, entre las descritas en el Módulo 4 del DL-511—, Chile no cuenta hoy con una política nacional explícita de preferencia por el código abierto en las compras públicas. Distintos organismos han optado, sin embargo, voluntariamente por esta vía en proyectos específicos.

Un ejemplo chileno reciente: dashAI y el desarrollo académico de código abierto

Un ejemplo concreto de cómo la academia chilena está impulsando el modelo de código abierto es dashAI, la plataforma desarrollada por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El proyecto nace de su Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA), en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), con financiamiento de ANID. Se trata de un software libre y gratuito que permite entrenar y evaluar modelos de inteligencia artificial sin necesidad de programar. Toda su operación es local, en el computador del usuario, sin depender de infraestructura en la nube. → Puedes revisar los detalles de esta iniciativa en U. de Chile presentó dashAI, plataforma chilena que permite trabajar sin entregar datos.

Iniciativas como esta ilustran exactamente el tipo de “centro de competencia” y desarrollo colaborativo que describe el Módulo 4 del DL-511: instituciones públicas y académicas que generan tecnología abierta y evitan la dependencia de un proveedor único. El resultado es una herramienta que cualquier institución, pública o privada, puede adoptar, estudiar y adaptar.

Datos y APIs abiertas del Estado chileno: la otra cara de la apertura tecnológica

Junto con el software de código abierto, las políticas de apertura tecnológica en el Estado suelen incluir la publicación de datos abiertos y normas o interfaces abiertas (APIs). El Módulo 4 del DL-511 se refiere justamente a estas iniciativas paralelas de contenido y datos abiertos que acompañan a las políticas de código abierto. Chile cuenta hoy con numerosas APIs públicas que distintos organismos ponen a disposición de desarrolladores, entre ellas:

• API Biblioteca del Congreso Nacional: acceso a leyes, proyectos de ley y normas vigentes.
• API Mercado Público: información sobre licitaciones, órdenes de compra y negocios con el Estado.
• API Portal ChileAtiende: acceso a los contenidos del portal de servicios del Estado.
• Plataforma Ley de Lobby: integración de los contenidos del registro de agenda pública y lobby.
• API Comisión Nacional de Energía (CNE): información de los sistemas de información energética, usada por servicios como Bencina en Línea.
• Compras Transparentes: detalle de las transacciones entre el Estado y las empresas a través de la plataforma de compras públicas.
• API ChileCompra (Mercado Público): datos en tiempo real de licitaciones, órdenes de compra, compradores y proveedores.
• Seguimiento de pedidos de Correos de Chile: integraciones para el rastreo de envíos.
• API REST del Congreso: servicio open source que mapea el contenido generado por el Congreso Nacional.
• API SBIF: información directa desde la base de datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
• SII – Valores Económicos: RSS con valores diarios de dólar, UF y valor mensual de la UTM.

Este listado fue recopilado a partir del repositorio público “Listado de APIs públicas en Chile”. Es un buen punto de partida para desarrolladores y empresas que quieran integrar información del Estado en sus propios sistemas.

Consideraciones legales para empresas que desarrollan software para el Estado

Si tu empresa participa en licitaciones de TIC con organismos públicos chilenos, conviene tener presente:

• Titularidad del código: las bases de licitación deben definir con claridad si el Estado adquiere una licencia de uso o la titularidad completa del software. También deben precisar bajo qué condiciones podría liberarlo como código abierto en el futuro.
• Uso de componentes open source: las mismas obligaciones de declaración de licencias que rigen cualquier proyecto privado aplican cuando tu desarrollo para el Estado integra librerías o frameworks de código abierto. → Revisa nuestro artículo sobre riesgos legales y compliance al usar código open source en un producto comercial.
• Registro del software: registrar el software ante el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) sigue siendo la vía más segura para acreditar la titularidad, incluso en proyectos con fondos públicos. → Revisa nuestra guía sobre cómo registrar un software en Chile ante el DDI.

Checklist para instituciones y proveedores del Estado

Preguntas frecuentes

¿El Estado chileno está obligado a usar software de código abierto?

No. Chile no cuenta con una política nacional que obligue o dé preferencia explícita al código abierto en las compras públicas de TIC. La decisión se evalúa proyecto por proyecto conforme a la Ley 19.886, aunque existen iniciativas académicas y públicas que voluntariamente optan por este modelo.

¿Quién es dueño del software que el Estado encarga a una empresa privada?

Depende de lo que establezcan las bases de licitación y el contrato de desarrollo. Es fundamental que ese documento defina expresamente la titularidad de los derechos de autor sobre el código resultante.

¿Puedo usar las APIs públicas del Estado chileno en un producto comercial?

Generalmente sí, sujeto a los términos de uso específicos de cada API. Conviene revisar la documentación de cada organismo antes de integrarla en un producto, especialmente en cuanto a límites de uso y atribución.

¿Un software desarrollado con fondos públicos puede liberarse como código abierto?

Sí, si el organismo titular de los derechos de autor así lo decide. Es una práctica cada vez más común en proyectos académicos y de investigación financiados por el Estado, como es el caso de dashAI.

¿Qué pasa si mi empresa desarrolla software para el Estado usando componentes open source?

Aplican las mismas reglas que en cualquier desarrollo privado: debes declarar y documentar las licencias de esos componentes, especialmente si el software se registrará posteriormente ante el DDI.

¿Tu empresa desarrolla software para organismos públicos y necesita asesoría legal?

En von Marttens® somos abogados especialistas en software con experiencia específica en propiedad intelectual y registro de programas computacionales. Nuestro fundador, el abogado Hans von Marttens, cuenta con el certificado del curso DL-511 “Concesión de licencias de programas informáticos, incluidos los programas de código abierto” de la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha participado, además, en más de 47 actos ante el DDI entre registro de obras e inscripción de contratos. Te ayudamos a definir la titularidad de tu software en contratos con el Estado, a documentar correctamente los componentes open source de tu desarrollo, y a registrar tu producto una vez terminado.

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Información de uso de IA: Este artículo fue escrito por miembros de nuestro equipo, sin embargo se utilizaron herramientas de IA con el objeto de mejorar la legibilidad y estructurar los textos para motores de búsqueda.

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